La preocupación se intensifica en torno a las recientes decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), que han resultado en despidos masivos y cuestionables prácticas administrativas. El 31 de agosto, el MAGA rescindió los contratos de más de 400 extensionistas, profesionales que desempeñaban un papel crucial en la implementación de programas y actividades dirigidas a las comunidades rurales.
Estos extensionistas, reconocidos por su experiencia y capacidad para colaborar directamente con las comunidades, han sido gravemente afectados por estas medidas. Los beneficiarios de los programas que gestionaban estos profesionales han expresado su descontento y preocupación, advirtiendo que la salida de estos trabajadores provocará el abandono de las comunidades, dejándolas nuevamente en el olvido. Además, se ha señalado que el Gobierno ha priorizado sus intereses al contratar personal sin la experiencia adecuada, a menudo con estudios en áreas no relacionadas con el desarrollo comunitario. Muchos de los nuevos empleados son, además, familiares de directores departamentales o autoridades del MAGA.
A esta situación se suman otras preocupaciones. Se ha reportado que, desde junio pasado, se exigió a los extensionistas despedidos presentar un finiquito firmado para recibir el pago de sus salarios, lo que ha suscitado dudas sobre la legalidad de las operaciones financieras en el MAGA. Además, se han documentado irregularidades en la facturación. Con la llegada del nuevo gobierno, se ha solicitado a los empleados 029 que razonaran las facturas por sí mismos, una tarea que debería ser realizada únicamente por un abogado o auditor, especialmente cuando la SAT solicita cambios en la descripción de los documentos.
También ha surgido la preocupación de que el MAGA planea recontratar a algunos de estos profesionales en octubre para evitar que trabajen en septiembre, de manera que pierdan su relación laboral y reducir así el número de demandas laborales potenciales. Esta táctica parece diseñada para minimizar el impacto de las reclamaciones legales por parte de los extensionistas despedidos.
Para empeorar la situación, se ha revelado que los 500 millones asignados al MAGA se utilizaron para la compra de abono sin seguir los procedimientos adecuados de compras y contrataciones, lo que agrava la falta de transparencia en la gestión del ministerio.
La situación en el MAGA continúa evolucionando, y es fundamental mantener una vigilancia constante sobre el manejo de estos despidos y las prácticas relacionadas para asegurar la transparencia y la justicia en el trato a los empleados afectados.
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