Fuentes cercanas han revelado recientemente una supuesta red de espionaje que involucra a altos funcionarios del gobierno de Guatemala, liderada por el secretario de Comunicación Social, Santiago Palomo, y vinculada a varios actores clave dentro del ámbito de seguridad y telecomunicaciones del país. Según la información obtenida, el esquema de espionaje estaría orquestado principalmente por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con el director de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), Mario Bozos, y el director General de Empresas de Seguridad Privada (DIGESS), Jorge Humberto Santizo, quienes estarían utilizando recursos del Estado para prácticas ilegales de vigilancia, espionaje telefónico y seguimiento.
Uno de los puntos más críticos de esta investigación es la denuncia presentada ante el Ministerio Público, que señala que Santiago Palomo, junto al viceministro de Antinarcóticos, Werner Ovalle, y su asesor principal, el ex subgerente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), Vinicio Ramírez Sequen, habrían adquirido un software de procedencia china para realizar escuchas telefónicas ilegales. Este software ha sido detectado por la Embajada de los Estados Unidos y está bajo investigación desde ese país.
El acceso a esta tecnología de interceptación de comunicaciones es utilizado principalmente por Mario Bozos de la DIGICI, en su vínculo directo con las fuerzas de seguridad del país. No obstante, la investigación revela que esta actividad ilegal no se limita solo a la vigilancia de personas relacionadas con temas de seguridad, sino que también se ha extendido al seguimiento y monitoreo de opositores políticos, analistas críticos del gobierno y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, con el objetivo de proporcionar información valiosa a Palomo.
Asimismo, se ha informado que dentro de la empresa de telefonía Tigo, existe una red de operadores que filtran información privada y que ilegalmente suplían información a CICIG desde el tiempo de Carlos Castresana y son quienes facilitan ilegalmente datos telefónicos privados a Palomo y a Mario Bozos.
Esta red de espionaje ha generado gran preocupación, ya que involucra no solo a altos funcionarios públicos, sino también a empresas privadas del sector de telecomunicaciones, sugiriendo una complicidad en la violación de derechos humanos y de la privacidad de los ciudadanos.
Por ahora, la investigación sigue en curso en el Ministerio Público, evaluando las pruebas y denuncias presentadas para aclarar el alcance de estas acciones ilegales de la presunta red de espionaje liderada por Santiago Palomo.
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