Una red de tráfico de influencias y manejo irregular de fondos ha salido a la luz, involucrando al jefe de la bancada de la UNE, Adim Maldonado quien es propietario de las cableras Sistecom e Intercable, y a Leticia Teleguario, exministra y asesora de ONU Mujeres. Según revelaciones recientes, Maldonado habría transferido 44.5 millones de quetzales a cinco ONGs controladas por Teleguario, quien a cambio habría prometido reuniones de alto nivel con figuras internacionales, incluyendo un posible encuentro con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.
Estas ONGs, cuya transparencia y manejo de fondos están ahora bajo investigación, habrían servido como canales para financiar estas promesas de influencia y posicionamiento en el ámbito político estadounidense.
El escándalo no termina ahí. Fuentes cercanas al caso también aseguran que Teleguario ofreció a Maldonado usar sus conexiones con altos diplomáticos estadounidenses, como Todd Robinson y Luis Arreaga, para evitar que avanzaran en los tribunales de Estados Unidos las demandas legales contra Sistecom e Intercable. Estas empresas enfrentan acusaciones de robo de señal y violación de derechos de transmisión pertenecientes a gigantes de la industria como Paramount, Disney Channel, HBO/MAX y PlayBoy.
Este caso pone en evidencia no solo posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados, sino también la presunta instrumentalización de ONGs para fines personales. Además, las implicaciones internacionales de las acusaciones podrían generar tensiones entre Guatemala y Estados Unidos, particularmente si las investigaciones revelan que actores diplomáticos estuvieron involucrados o influidos.
Además de las acusaciones por el manejo de fondos, el diputado Maldonado estaría utilizando su relación con Teleguario para pasar información sensible y confidencial sobre sus colegas diputados a actores internacionales, incluida la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
Organismos de la sociedad civil podrían pronunciarse y exigir una auditoría inmediata de las ONGs implicadas, así como una investigación exhaustiva sobre los fondos destinados a estas. Mientras tanto, analistas políticos señalan que este caso podría convertirse en un parteaguas en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en Guatemala.
Se espera que existan consecuencias legales para los implicados o si, como en otros casos, estos escándalos quedan en la impunidad.
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