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En las últimas semanas, el Ejecutivo ha solicitado formalmente el retiro de antejuicio contra tres magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) por un presunto delito de prevaricato. Los magistrados involucrados son Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín. Esta solicitud fue presentada por parte de la PGN ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y responde a una controversia vinculada con el caso Bantrab. Además de la solicitud de retiro de antejuicio, ha surgido una situación adicional relacionada con presiones por parte del Ejecutivo. Fuentes cercanas al proceso han indicado que Santiago Palomo, ex vocero de la Corte de Constitucionalidad y actual Secretario de Comunicación Social, ha comenzado a ejercer presiones y amedrentamientos hacia sus antiguos colegas en la CC. Según las fuentes, Palomo ha estado realizando reuniones en distintas ubicaciones en zonas 14 y 1 con el objetivo de influir en la decisión sobre el retiro de antejuicio contra los magistrados suplentes. Estos eventos plantean interrogantes sobre la independencia del poder judicial y la influencia del Ejecutivo en las decisiones judiciales.

La premiación GTC Mujer, organizada por el Banco G&T Continental, destaca anualmente a mujeres guatemaltecas en categorías como ciudadana responsable, emprendedora o pyme, ejecutiva, deportista y artista. En esta edición, la Coronel de Sanidad Militar DEM, Verónica Eulalia Doño Lobo, ha sido seleccionada como semifinalista en la categoría de Responsabilidad Ciudadana. Sin embargo, la candidatura de la Coronel Doño Lobo ha desencadenado una ola de controversia. El 24 de julio, se difundió un oficio circular del Ejército que instruye a Comandantes, Jefes y Directores a alentar al personal a votar por la Coronel a través de un enlace proporcionado por los organizadores del evento. Esta directiva ha sido interpretada por algunos como un intento de influir en el resultado del concurso, lo que podría ir en contra de las normas que garantizan la imparcialidad del proceso de premiación. Críticas adicionales surgen respecto a la trayectoria de la Coronel Doño Lobo, debido a que fuentes internas han descrito su desempeño como mediocre, desmeritando su participación en un evento tan distinguido. La controversia ha puesto en evidencia la importancia de adherirse a las normas establecidas para asegurar que los premios se otorguen en función de los méritos auténticos de las candidatas. Además, circulan rumores sobre su presunta cercanía con el Ministro de la Defensa, lo que, según se ha alegado, podría haberle otorgado privilegios indebidos. Entre las afirmaciones también se menciona que su ex esposo habría recibido ascensos dentro de la institución militar, lo que añade un nuevo nivel de sospechas sobre favoritismos.

Una fuente oficial ha presentado serias acusaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de comisionados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en Guatemala. De acuerdo con la denuncia, miembros de la Planilla 8, responsables de elegir a tres comisionados para cada una de estas instituciones, estarían implicados en prácticas corruptas que incluyen la oferta de dinero y favores políticos a los comisionados ya comprometidos con sus listas de votos, lo que estarían promoviendo la alteración de resultados en este proceso de selección. La denuncia señala que estos miembros de la Planilla 8 han presumido en sus reuniones de contar con el apoyo de destacados personajes como Dionisio Gutiérrez, la Embajada de los Estados Unidos y figuras como Todd Robinson, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Jordán Rodas y Erika Aifán. Este respaldo, según se alega, ha sido utilizado para fortalecer su influencia en el proceso, aumentando el riesgo de tráfico de influencias al involucrar actores externos en la manipulación del proceso. En un giro aún más preocupante, se ha revelado que se organizó un viaje a El Salvador del 5 al 7 de julio, bajo la apariencia de un curso-taller patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Durante este evento, en el que participaron la delegada del Departamento de Estado de EE. UU. y una delegación de Colombia enviada por Iván Velásquez, encabezada por Thelma Aldana, los comisionados fueron presionados para apoyar a candidatos específicos para la CSJ. Los candidatos en cuestión incluyen a los decanos Milton Estuardo Argueta Pinto (Universidad Francisco Marroquín), Luis Antonio Ruano Castillo (Universidad Mariano Gálvez), Luis Fernando Cabrera Juárez (Universidad Mesoamericana) y Hugo Rolando Escobar Menaldo (Universidad Rafael Landívar). Fuentes cercanas al evento han señalado que, lejos de solicitar apoyo de manera transparente, se emplearon tácticas intimidatorias. Los decanos presentes fueron informados que Gregorio Saavedra lideraría la comisión de postulación y que debían someterse a sus directrices, bajo amenaza de consecuencias adversas una vez que el grupo asumiera el control de las cortes. Este tipo de coacción, junto con los ofrecimientos monetarios, subraya la gravedad de la acusación del delito de tráfico de influencias. Hugo Escobar Menaldo, uno de los candidatos propuestos, ha declarado que su grupo estaría dispuesto a hacer "lo que fuera necesario" para alcanzar los objetivos establecidos en la reunión. Esta declaración subraya las preocupaciones sobre la integridad del proceso. Dado el contexto y la gravedad de las acusaciones, es imperativo que el Ministerio Público investigue de manera exhaustiva si las actividades de la Planilla 8, incluidas las invitaciones a El Salvador, las posibles amenazas, sobornos y el tráfico de influencias, han afectado la legitimidad del proceso de selección de magistrados. La revelación de estas prácticas sugiere la existencia de una comisión paralela que podría estar manipulando el proceso para responder a intereses políticos, lo que plantea serios riesgos de corrupción y falta de transparencia en la administración judicial.

El Superintendente de la Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz Reyes, se encuentra bajo observación luego de que se revelara un acuerdo para mantener en secreto la información sobre varias compras realizadas por la entidad, incluyendo la adquisición millonaria de vehículos de lujo. Según registros en el portal de Guatecompras, la SAT habría adquirido la compra de vehículos en Cofiño Stahl por un monto total de Q. 47,717,910.00. El contrato detalla que el lote incluye vehículos pick up doble cabina, microbuses, automóviles sedán y vehículos tipo panel. Esta revelación ha suscitado críticas sobre el manejo de fondos públicos y la transparencia en la gestión de la SAT, especialmente considerando que el proceso de compra se quiso manejar con tanta discreción. Se cuestiona si es apropiado que el Superintendente se otorgue este tipo de lujos, especialmente cuando la entidad está encargada de fiscalizar el cumplimiento tributario y el manejo transparente de los recursos del Estado. Este tema ha levantado preocupaciones sobre posibles gastos extravagantes en otras áreas de la administración de Marco Livio Díaz Reyes. Seguiremos dando continuidad a esta información.

Un video difundido en redes sociales ha expuesto a supuestos miembros de la Policía Nacional Civil realizando un allanamiento sin orden judicial en una residencia en el departamento de San Marcos. A pesar de portar uniformes similares a los oficiales de la institución, ninguno de ellos estaba debidamente identificado y utilizaron vehículos particulares para llevar a cabo el supuesto operativo. Horas después,  se reportó en el municipio de Ayutla, unos hombres fuertemente armados intentaron secuestrar a un empresario, en el lugar quedó fallecido su guardaespaldas quien evitó el secuestro. Sin embargo, lo más sorprendente de esta nota y según fuentes confiables aseguran que, las órdenes para estos operativos ilegales provienen directamente del Director Adjunto de la PNC, Helver Romeo Beltetón Moscoso, en colaboración con el comisario Edilzar Fuentes de la comisaría 42. Se ha revelado que estos altos funcionarios están coordinando un cuerpo paralelo dentro de la PNC y el resurgimiento de una CIACS, dedicado a realizar "tumbes", detenciones ilegales y actos de intimidación contra detractores del gobierno. Este descubrimiento pone en entredicho la integridad y el profesionalismo de la Policía Nacional Civil, una institución encargada de velar por la seguridad y el cumplimiento de la ley en Guatemala. La falta de transparencia y el abuso flagrante de autoridad por parte de altos mandos plantean serias preguntas sobre la verdadera agenda detrás de estas acciones ilegales.

El sistema judicial de Guatemala podría estar en el ojo crítico debido a un escándalo alarmante. Resulta que los jueces Mynor Moto Morataya y Julio César Vásquez Xol han sido implicados en un caso de corrupción tras recibir cuantiosos sobornos de la mafia narco-cafetalera y del ex gerente de FEDECOCAGUA, el ciudadano suizo Ulrich Gurtner Kappeler, conocido por sus vínculos con lavado de dinero y socio del defraudador bancario Ítalo Alberto Antoniotti Lira. Estos sobornos tenían como objetivo principal desestimar los casos de ASODEFIR y de FEDECOCAGUA, casos en los cuales también está involucrada la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos. Estas acciones comprometen gravemente la integridad del sistema judicial guatemalteco y podrían tener repercusiones legales y diplomáticas de gran envergadura. En respuesta a este escándalo, se espera que en los próximos días se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer estos actos corruptos.

La primavera ha traído más que flores, nuevamente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se ve envuelto en un escándalo de corrupción que sacude al gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Félix Manuel Alvarado Browning, ministro con doble nacionalidad guatemalteca-estadounidense, se encuentra en el ojo de la justicia tras ser implicado en un caso de lavado de activos y financiamiento electoral ilícito. Según fuentes cercanas al MICIVI, Alvarado Browning habría firmado su carta de renuncia antes de desaparecer durante sus vacaciones, en medio de crecientes investigaciones en su contra. El caso toma una dimensión internacional debido a la implicación de fondos provenientes de Estados Unidos en la campaña electoral del presidente Arévalo. El Ministerio Público guatemalteco ya se encuentra realizando las investigaciones del caso y se anticipa que en los próximos días se solicite la colaboración de autoridades estadounidenses debido al carácter transnacional de los delitos presuntamente cometidos. Fuentes cercana indican que la situación ha generado una profunda tensión dentro del gobierno y no se descarta que la oposición y la sociedad civil hagan un llamado a la transparencia y exijan respuestas claras y contundentes ante este escandaloso caso que compromete la integridad del proceso democrático y la gestión gubernamental en Guatemala.

En un giro irónico y absolutamente inesperado, la verdad sale a la luz en Parloteo: ¡las familias de los honorables diputados están cosechando frutos gracias a la ayuda internacional destinada a inmigrantes ilegales en Guatemala! Resulta que la mamá del respetado Diputado Samuel Pérez, la señora Claudia Álvarez Lutin, ha sido contratada por la OIM con fondos generosos de USAID. ¡Qué casualidad que también una pariente del diputado José Inés Castillo de la bancada UNE se haya unido al festín! No contentos con simplemente beneficiarse, nuestros queridos representantes políticos han decidido unir fuerzas entre partidos para maximizar las ganancias. Juntos han montado una oficina en el edificio Reforma 10 de la zona 10, donde planean coordinar un proyecto millonario para albergar a inmigrantes. La ironía alcanza su punto álgido cuando parte de este presupuesto, según rumores, se utilizará para emplear a los mismos inmigrantes que han cruzado ilegalmente nuestras fronteras. ¡Qué nobleza la de nuestros líderes en preocuparse por los forasteros antes que por sus propios compatriotas desempleados! Claro está, los partidos políticos como Semilla y UNE han justificado este derroche como "pagos de salarios" para los inmigrantes, pero quién sabe cuántos más estarán metiendo la mano en la bolsa. Mientras tanto, los guatemaltecos se preguntan si algún día verán a sus propios hijos y hermanos conseguir empleo en condiciones tan favorables como las de los recién llegados. En fin, como dice el refrán, "en la unión está la fuerza" y parece que nuestros honorables diputados han tomado este consejo muy a pecho, uniendo fuerzas para saquear con estilo internacional los recursos destinados a los más vulnerables.

Una noticia reveladora llega a la redacción del Parloteo, hace unos días el exdiputado de Semilla, Alberto Sánchez, fue arrestado en la zona 1 y trasladado a la Torre de Tribunales por portación ilegal de arma de fuego, según informaron las autoridades. Sin embargo, fuentes cercanas indican que la captura podría estar relacionada con una presunta persecución por parte de un comando de la Policía Nacional Civil, dirigido por un primo del actual Presidente del Congreso de la República, Nery Ramos. En el operativo participaron cinco patrullas y dos vehículos con placas alteradas, junto con más de quince agentes policiales. Según las fuentes, durante la detención intentaron obligar al exdiputado a desbloquear su celular, a lo que él se opuso firmemente. Una fuente cercana al exdiputado reveló que este ya había denunciado previamente persecución por parte del oficialismo ante dos instituciones internacionales y una agencia de Estados Unidos. Continuaremos revelando los detalles que están detrás de esta detención.

Meses anteriores, el ministro de Gobernación Francisco Jiménez junto con el Quinto viceministro, Werner Ovalle, realizaron una visita oficial a Colombia con el objetivo declarado de reunirse con el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, para discutir una estrategia integral de seguridad en beneficio de Guatemala. Sin embargo, fuentes cercanas al ministro revelaron que este no fue el único propósito de su viaje. Según información obtenida, Jiménez y Ovalle sostuvieron una reunión con empresarios israelitas durante su estadía en Colombia, con la intención de negociar la adquisición del sistema de espionaje Pegasus para implementarlo en Guatemala. Pegasus es conocido por ser un virus de tipo Spyware que, una vez instalado en un dispositivo, permite al usuario controlarlo remotamente, activando funciones como la cámara y el micrófono para grabar audio, vídeo y tomar fotografías sin el consentimiento del usuario. Este software ha sido utilizado en 45 países para vigilar a detractores, periodistas y a diversos sectores civiles, y su adquisición puede alcanzar cifras millonarias. Aunque en Colombia, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, habría intentado facilitar un acuerdo para eludir las leyes locales y utilizar los servicios de Pegasus sin consecuencias legales, la empresa israelita dejó en claro que, en Guatemala, la legislación obliga al Ministerio Público a procesar cualquier solicitud de escuchas bajo la autorización de un juez competente. Sin embargo, Francisco Jiménez presuntamente mostró interés en encontrar una manera de utilizar Pegasus para realizar escuchas ilegales en Guatemala, lo que plantea serias interrogantes sobre las intenciones del Ministerio de Gobernación. Este episodio podría estar vinculado con la reciente exigencia del presidente Bernardo Arévalo, quien semanas atrás ordenó que cualquier orden emitida por el Ministerio Público para llevar a cabo su labor debía contar primero con su aprobación. Este movimiento ha generado especulaciones sobre posibles intentos de ocultar actividades o decisiones gubernamentales. El Parloteo GT seguirá de cerca este desarrollo, mientras la opinión pública y sectores de la sociedad civil expresan preocupación por las implicaciones de posibles acciones de vigilancia ilegal por parte del gobierno guatemalteco.

En El Parloteo GT, donde la opinión es libre y audaz, ¡las noticias hablan! Hoy revelamos un escándalo que sacude las altas esferas del Ministerio de la Defensa. A principios de este año, el Ministro de la Defensa, general de brigada Henry David Sáenz Ramos, nombró como oficial de inteligencia a su cuñado, el mayor Alonso Torres. Este no es el único caso de nepotismo que se le atribuyen al ministro, pero la historia no termina ahí. Según nuestras fuentes internas, el nombramiento de Torres como oficial de inteligencia duró poco. Hace 10 días, una violenta riña entre Torres y Sáenz terminó a los golpes, lo que llevó a la inmediata remoción de Torres de su cargo. Ahora, el mayor Alonso Torres ha sido relegado a la guardia de almacén en el Hospital Militar. Sin embargo, este cambio no parece ser un castigo tan severo. Existen denuncias de que Torres estaría involucrado en el robo de medicamentos para su reventa. Estas acciones, según las mismas denuncias, estarían beneficiando el negocio de la esposa del ministro Sáenz Ramos. Este nuevo escándalo deja al descubierto la corrupción y el abuso de poder dentro del Ministerio de la Defensa. En El Parloteo GT seguiremos investigando y exponiendo la verdad detrás de estos oscuros manejos. ¡Sigue con nosotros para estar siempre informado de lo que realmente sucede en nuestro país! #OpiniónLibreYAudaz#DondeLasNoticiasHablan#Nepotismo#Corrupción #MinisterioDeDefensa #ElParloteoGT

Durante la crisis de COVID-19, el Dr. Edwin Asturias, reconocido por su liderazgo en la gestión de la pandemia, utilizó su puesto e influencia para asegurar fondos no solo para la lucha contra el virus, sino también para otros fines más cuestionables. Entre estos, se destaca el financiamiento de la campaña de sus aliados en el partido Semilla y un millonario respaldo para la aplicación de telemedicina denominada ALMA que fue creada por su hija. La situación tomó un giro polémico cuando, en aparente retribución a los favores electorales proporcionados por el Dr. Asturias, el presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin ordenaron al Ministerio de Salud el despliegue de la aplicación ALMA. Esta decisión se tomó sin ningún evento formal y sin haber sido incluida debidamente en el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras (PAC) para 2024. La implementación de ALMA ha suscitado críticas debido a que, en paralelo, los niños del país han perdido el seguro escolar. Los fondos que anteriormente se destinaban a asegurar la salud y el bienestar de los estudiantes ahora se utilizan para financiar una aplicación que muchos consideran inútil. La controversia pone de manifiesto las preocupaciones sobre el uso indebido de fondos públicos y la falta de transparencia en las decisiones gubernamentales. Mientras tanto, los ciudadanos observan con creciente inquietud cómo se manejan los recursos en tiempos de crisis.